dissabte, 27 de desembre de 2008

Sahara Occidental, un conflicto demasiado largo
JOSÉ IBARROLA

Cuando un periodista de 'Le Monde' preguntó a Hassan II sobre la represión que siguió a los disturbios urbanos de 1984, donde se contabilizaron algunas decenas de muertos y millares de detenidos, contestó que en Marruecos no había detenidos políticos sino 'traidores a la patria' que no estaban de acuerdo con las tesis oficiales sobre el Sahara Occidental.
Human Rights Watch, prestigiosa y solvente ONG en defensa de los derechos humanos, acaba de hacer público un informe en el que denuncia a Marruecos de violar los derechos humanos en el territorio del Sahara bajo ocupación y control de Marruecos y pide a la ONU que intervenga y amplíe el mandato de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental) para que tenga competencias en materia de derechos humanos en el Sahara ocupado y en los territorios de los refugiados saharauis. En el informe se relacionan casos de 'juicios y encarcelamientos con cargos falsos' de activistas saharauis que previamente son sometidos a 'detenciones arbitrarias y políticas'.
El pasado mes de agosto cesaba el diplomático holandés Peter van Walsum como enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental. La posición pública de este diplomático, hecha pública en su artículo 'El largo y complejo problema del Sahara', publicado en El País el 28 de agosto de 2008, se interpretó como un apoyo a las tesis de aceptación de la ocupación del Sahara por Marruecos, lo que le enfrentó al Frente Polisario que pidió su cese inmediato, porque había roto con la necesaria discreción y exigible equilibrio que se le debe suponer a un diplomático que interviene como mediador en la solución de un conflicto internacional, un conflicto que dura ya 33 años.
Antes del holandés había renunciado James Baker, después de constatar la negativa de Marruecos a poner en práctica su plan para el Sahara, pese a que había sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El plan Baker preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación tras cinco años de autonomía sobre la base de un censo teóricamente favorable a Marruecos.
La legalidad internacional sigue estando del lado del Frente Polisario, pero como Naciones Unidas no parece estar dispuesta a imponer esa legalidad a Marruecos o aplicar el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas (posible uso de la fuerza), el conflicto del Sahara Occidental se eterniza sin solución, salvo que el movimiento saharaui estuviera dispuesto a discutir una fórmula de coexistencia que no fuera la independencia.
El Tribunal Internacional de Justicia ya dictaminó en 1975 que el conflicto del Sahara era una cuestión de descolonización, que debía ser resuelto mediante un referéndum de autodeterminación organizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa es la legalidad internacional que choca frontalmente con la realidad política de los intereses de las partes enfrentadas.
La última ronda negociadora entre Marruecos y el Frente Polisario se celebró en el pasado mes de marzo de 2008 en Manhasset cerca de Nueva York. Se suspendían entonces las conversaciones directas entre la diplomacia marroquí y la saharaui que habían mantenido durante un año, a la espera del nombramiento de un nuevo mediador tras el cese de Peter van Walsum.
En septiembre se intentó el nombramiento del diplomático estadounidense Christopher Ross como enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sahara Occidental. Se interpretaba como un gesto de mayor implicación de Estados Unidos en la solución del conflicto, una implicación importante, aunque no sea garantía de éxito, porque la administración estadounidense puede ejercer una verdadera presión sobre Marruecos, pero Marruecos no dio su acuerdo a este nombramiento y ha condicionado la reanudación de las conversaciones a que se discuta el proyecto de autonomía que ofrece al Sahara, descartando la independencia que reivindica el Frente Polisario.
La diplomacia española, por razones históricas y políticas y por afrontar una deuda moral no satisfecha con el pueblo saharaui, debiera implicarse a fondo en la solución del conflicto, profundizando en sus relaciones con Argelia y Marruecos, abandonando la sordina cuando se habla de derechos humanos y democratización en Marruecos y facilitando ayuda activa al Frente Polisario para hacer frente al sufrimiento de los refugiados en los campamentos de Tinduf en territorio argelino. La responsabilidad histórica de España no se ha disuelto y su compromiso con el Sahara debiera ser mayor y más intenso, en la medida en que la ONU quiera resolver el conflicto pero niega los medios para ello.
Mohamed VI, el pasado 6 de noviembre de 2008, conmemorando el aniversario de la Marcha Verde, anunciaba una «regionalización avanzada y gradual», que comenzará por el Sahara. Sobre esa base, Rabat elaboró una propuesta de autonomía para lo que llaman «las provincias del sur» que presentó al Consejo de Seguridad, aunque no la hizo suya.
La iniciativa fue bien acogida por Estados Unidos y Francia y, lamentablemente, también por la diplomacia española a la vista de las declaraciones poco acertadas del Presidente Rodríguez Zapatero en su última visita a Rabat el pasado 16 de diciembre de 2008. Estados Unidos, Francia y España son tradicionales aliados de Marruecos y manifiestan con los hechos su intención de no contrariar a la monarquía alauita.
La tesis de la autonomía anunciada por Marruecos se contrapone a las aspiraciones de los independentistas saharauis que siempre han defendido su derecho a la autodeterminación como parte protagonista de un problema de descolonización no resuelto. La tesis de la autonomía es la que algunos analistas argumentan que debiera aceptarse, como vía para terminar con la grave situación de los refugiados saharauis y evitar que una nueva generación de niños crezca en los campamentos sin más horizonte que la hamada.
Pero, ¿es capaz Marruecos de ofertar seriamente una autonomía creíble y con garantías para el Sahara Occidental? ¿Está dispuesta la monarquía alauita a refundar Marruecos para que esa autonomía sea posible y viable?
En el Marruecos actual es impensable la elección directa de una presidencia regional autónoma, es impensable la elección de un parlamento autonómico e impensable el ejercicio de un control político de recursos y medios en un territorio autónomo. La propuesta de Marruecos sería creíble si aceptara cambios estructurales y constitucionales. ¿Va a renunciar el majzen a sus competencias y presencia omnipresente en la política marroquí? Si se mantiene la actual situación, estallarán conflictos en zonas como el Rif o Ifni, se seguirá persiguiendo a jóvenes disidentes saharauis y será imposible avanzar en la construcción del Gran Magreb.
El conflicto del Sahara Occidental o se soluciona sobre la base del principio de autodeterminación o sobre la base de un acuerdo negociado entre los protagonistas. Lo que no es posible es una solución sobre los dos principios a la vez. El Consejo de Seguridad no puede seguir siendo un sujeto pasivo, y debiera hacerse respetar por las partes, sobre la base de sus propias Resoluciones y presionar a Marruecos como responsable directo del fracaso de la vía del referéndum.
Un país con intereses directos como Argelia, debe ver garantizados esos intereses: respeto a las fronteras y resolución de los contenciosos argelino-marroquíes. Y países como Estados Unidos, Francia o España no debieran actuar únicamente como aliados de Marruecos, sino como potencias en la comunidad internacional capaces de encontrar una solución pacífica, estable y compartida al conflicto del Sahara Occidental en el marco de las Resoluciones de Naciones Unidad.
Para Naciones Unidas, que ha reiterado en numerosas ocasiones que el Sahara es un "conflicto de descolonización", España sigue ostentando la soberanía sobre el Sahara, y juristas de Naciones Unidas sostienen que incluso es la potencia administradora, aunque no pueda ejercer tal responsabilidad.
Fuente: www.eldiariomontanes.es