Víctimas de la Guerra del Sáhara
FEDERICO ECHANOVE
En próximas fechas podrían darse nuevas vueltas de tuerca a la cada vez más estrecha cadena que desde la llegada al poder del PSOE se viene cerniendo desde la antigua metrópoli sobre el pueblo saharaui y sobre la justa y legítima lucha por su libertad que, desde que lo abandonamos cobardemente a su suerte, viene sosteniendo contra viento y marea. Y no se trata solamente del contubernio político- empresarial para invertir desde Canarias en el territorio, negociando con sus ocupantes, o de los obstáculos que quienes dispusieron de DNI español siguen encontrando para adquirir la nacionalidad española pese a haber pasado aquí ya, en muchos casos, largos períodos de residencia. Ni siquiera se trata de las maniobras diplomáticas con que nos ha venido obsequiando Moratinos para respaldar en la ONU las pretensiones anexionistas de la monarquía alauita o de las carreras que ha dado ante las instituciones de la UE para que respaldaran el acuerdo de Pesca. A lo que me voy a referir esta vez es a algo mucho más sutil y, en cierto modo, fundamental: la posible alteración de la consideración que realiza el Estado Español, a través de sus leyes, de la naturaleza jurídica del conflicto como un asunto de Derecho Internacional, y la consideración de que, por eso mismo, dispone la parte agredida -el pueblo saharaui y su representante internacionalmente reconocido por la ONU, el Frente Polisario- como parte legítima en el contencioso.
Ambos principios podrían quedar en entredicho y seriamente lesionados si, como ha manifestado en más de una ocasión el PSOE y el propio Gobierno ha demostrado con sus actos, se incluye en la anunciada modificación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo a los ciudadanos españoles que, en el proceso de descolonización del territorio que aún no ha concluido, fueron objeto de episodios de violencia allí o en las aguas jurisdiccionales de la colonia. La flamante diputada electa por Unión Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez, ha presentado también por su parte una iniciativa que se debatirá mañana martes sobre los principios que deben inspirar la modificación anunciada por Rubalcaba de la Ley vigente. Aunque lo que pretende Díez es solamente extender el concepto de víctima a quienes en el País Vasco sufren cotidianamente la 'kale borroka' o han tenido que exiliarse a causa de las amenazas de ETA, no sería nada extraño que el PSOE aproveche ya esta semana para tratar de llevar el agua a su molino y meter todo en el mismo saco, colando así de rondón la visión del problema del Sáhara Occidental que Zapatero ha mostrado de manera indisimulada desde el inicio de su primer mandato: que se trata de un asunto interno de Marruecos.
La cuestión es espinosa, ya que se trata de las vidas y el dolor de decenas de personas y de sus familiares, muchas de ellas agrupadas en la mal denominada Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) que preside Lucía Jiménez, y digo mal denominada pues pese al respeto que deben merecernos sus integrantes y a ser totalmente justa su reivindicación de que se les saque del olvido y se haga justicia con sus tragedias personales, lo cierto es que, por lo que sabemos, la mayoría no fueron víctimas de lo que internacionalmente se conoce como terrorismo, sino de hechos que, por cruentos que fueren estaban incursos en un proceso de descolonización reconocido por la ONU y en la guerra que siguió al abandono de España. Es lo que sucedió con los distintos buques pesqueros que fueron objeto de ataques o secuestros en una zona que, aunque fuera objeto de acuerdos de la UE con Marruecos, estaba en situación de guerra, y respecto de la que tampoco está de más recordar que, en muchos casos, como el del 'Cruz del Mar', la autoría de los hechos no está nada clara.
Hasta ahora todos los gobiernos habían mantenido el criterio lógico de no equiparar a las víctimas españolas de ETA con las de la Guerra en el Sáhara. Y es que, en caso contrario, habría que equiparar también con las de ETA a las de todas las descolonizaciones del mundo que han sido reconocidas por la ONU: la de Guinea Ecuatorial o hasta la de Cuba, en la que, por cierto, murieron los bisabuelos de bastantes españoles que ahora podrían empezar a reclamar que fueron víctimas del terrorismo de los 'mambises'. Y a buen seguro en el Reino Unido no se equiparó nunca a las víctimas de la descolonización de la India con las del IRA, con independencia de las ayudas que para tratar de reparar su dolor hayan recibido tanto unas como otras. ¿Qué pasa? ¿Que como las demás descolonizaciones triunfaron y ésta todavía no ha finalizado a los protagonistas de aquéllas se les recibe con pompas y honores en el ministerio de Exteriores y a los de ésta se les llama indirectamente terroristas? A esto sí que se le llama memoria histórica. ¿O sea que no sólo abandonamos a los saharauis bajo las bombas de napalm marroquíes sino que, cornudos y apaleados, ahora le vamos a dar argumentos a Marruecos para que los llame terroristas, porque, aunque su causa siga en la ONU, no triunfó precisamente como consecuencia de dicho abandono? Pues sí, en estos tiempos de relativismo moral y legal tan engañosamente progresistas que vivimos en España y en los que lo más importante es ser genuflexo ante Marruecos todo es posible.
Y tuvo que ser el canario Juan Fernando López Aguilar quien, a poco de abandonar el ministerio de Justicia, sentase el primer precedente al aplicar la Ley vigente a Francisco Jiménez, padre de la presidenta de ACAVITE. Jiménez trabajaba como electricista en Fos Bu Craa cuando el 10 de enero del 76 bajo el vehículo en que viajaba estalló una mina que lo dejó incapacitado para trabajar y con graves secuelas físicas y psicológicas hasta que murió en Gran Canaria hace unos dos años y poco antes de que le fuera concedida a su familia la indemnización (Minas como ésa han seguido estallando en el Sáhara Occidental hasta hoy, causando numerosos muertos aún ahora que desde 1991 las hostilidades han cesado), si bien el Frente Polisario ha realizado importantes labores de desminado en la zona que administra, mientras Marruecos no ha efectuado lo mismo en la suya y sigue sin firmar el Convenio de Ottawa contra las minas antipersona). En la fecha citada, España no había completado su salida -aunque sí había firmado los Acuerdos Tripartitos- y parece que fue en eso y en la subsiguiente consideración aún del Sáhara como territorio nacional en lo que se basó López Aguilar para estimar que la ley para las víctimas de ETA era de aplicación en su caso, pues para poder ampliarla a otros posteriores y anteriores al año 2.000 sería preciso reformarla para 'actos terroristas' fuera del territorio nacional. Pero el caso de Francisco Jiménez es paradigmático, pues al mismo tiempo que estallaba bajo su coche, la población civil saharaui agrupada en torno al Polisario estaba huyendo hacia el sur en desbandada y se producían bombardeos masivos sobre la población civil que en zonas como Um Draiga causaron centenares de muertos. Su dolor -que como en el caso de Jiménez, fue causado por la intromisión marroquí en el proceso de descolonización y la bajada de pantalones española- debiera merecer algún día al menos el mismo reconocimiento.
Las víctimas españolas del conflicto saharaui no sólo merecen respeto y apoyo, sino salir del olvido y ser indemnizadas como se merecen. Pero lo que no puede volver a suceder con la reforma anunciada por Rubalcaba es que, con la complicidad española, puedan ser penosamente instrumentalizadas por Marruecos para tratar de deslegitimar a una de las partes de un conflicto bélico y convertir en verdugos a las mayores víctimas de aquella penosa espantada. Incluso cabe decir que, como todas las demás víctimas del conflicto, las víctimas españolas pueden tener mucho que decir en aras de la verdad, de la memoria histórica e incluso del futuro de un Sáhara libre y en paz. Pero precisamente es por eso por lo que uno sinceramente cree que la reparación de su dolor debe producirse en un contexto distinto al que algunos han diseñado junto a ETA. Y explicarles que no son, en puridad, víctimas del terrorismo, sino de un proceso de descolonización que fue abruptamente interrumpido por Marruecos con la complicidad del régimen tardo franquista, y que ha tenido y sigue teniendo muchas otras víctimas, es tarea de todos, incluidas las asociaciones de solidaridad con el Sáhara Occidental existentes en España.
Fuente: Poemario por un sahara libre
Artículo publicado el lunes día 2 de junio en La Gaceta de Canarias
